traducido por Martin Ant - hispanismo.org
Parece que más y más gente en varios países está empezando muy seriamente a tomar propuestas para la introducción de un ingreso básico.
De acuerdo con la red B.I.E.N.: “Un ingreso básico es un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros a nivel individual, sin necesidad de condicionarse a una previa comprobación de medios o a la necesidad de un trabajo.” Cf. http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#faq.
La propuesta del Crédito Social de un Dividendo Nacional puede también definirse como “(…) un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros a nivel individual, sin necesidad de condicionarse a una previa comprobación de medios o a la necesidad de un trabajo.”
Sin embargo, el Dividendo Nacional no debe confundirse con un ingreso básico porque existen diferencias enormemente importantes entre ambos.
En lo que sigue a continuación, me centraré solamente en lo que considero que constituyen las tres diferencias clave:
1) La naturaleza estructural del beneficio propuesto
Mientras que el ingreso básico se concibe específicamente como una cantidad fija que se concedería incondicionalmente y con la que sería suficiente para que una persona sobreviviera, el Dividendo Nacional variaría dependiendo del funcionamiento de la economía. En otras palabras, el dividendo está referenciado a la productividad. Sin productividad, no hay dividendo. Cuanta mayor sea la productividad de la sociedad, mayor será el dividendo. Se presume que, en un país altamente industrializado, el dividendo (en unión con los precios compensados y los impuestos masivamente reducidos) debería ser como mínimo suficiente para satisfacer los gastos básicos de cada persona, y que su poder adquisitivo en relación a los salarios y sueldos debería también ir subiendo a medida que las máquinas reemplacen el trabajo humano en el proceso productivo.
2) El propósito social del beneficio propuesto
Mientras que el ingreso básico normalmente se enlaza con una política de pleno empleo (es decir, la cantidad dada a los ciudadanos no debe ser lo suficientemente grande como para que sirva como un desincentivo en la búsqueda de trabajo en la economía formal), el Dividendo Nacional se enlaza con una política de ocio creciente. El Crédito Social se opone al pleno empleo como un objetivo fijo. A la gente sólo se le debería requerir para trabajar en la economía formal siempre que su trabajo fuera realmente necesario para la provisión de aquellos bienes y servicios específicos que ellos independientemente elegirían (es decir, si sus elecciones no estuvieran condicionadas por la escasez artificial de dinero que constituye una característica inherente del actual sistema financiero). Las máquinas de varios tipos hacen posible que una sociedad tecnológicamente avanzada pueda producir lo suficiente como para satisfacer las necesidades de todos sin tener que acudir al uso de toda la capacidad plena de la fuerza laboral humana. Cualquier política que vaya más allá de esto y requiera que la gente se dedique a la producción más y más tiempo de lo que los hechos físicos de la economía reclama, constituye una política de servidumbre (es una forma de esclavitud), y además es altamente ineficiente y, por ello, social y medioambientalmente despilfarradora.
3) La financiación del beneficio propuesto
Mientras que el ingreso básico normalmente se considera que ha de ser financiado dentro del marco de restricciones financieras de la actual ortodoxia económica, es decir, a través de impuestos redistributivos, o mediante un incremento en el endeudamiento público, o mediante la redistribución de beneficios procedentes de corporaciones de propiedad pública, etc…, el Dividendo Nacional es financiado a través de la creación de nuevo crédito libre de deuda que sería emitido por una Oficina de Crédito Nacional. La creación de este dinero adicional por un órgano del estado se justifica por el hecho de que existe una brecha crónica y subyacente entre los precios de los bienes puestos a la venta para el público consumidor y el dinero que fue puesto a disposición durante el transcurso de su producción. Principalmente, a consecuencia de la forma en que el capital real (máquinas y equipo) es financiado y la forma en que sus costes son, pues, contabilizados, el actual sistema financiero genera precios de bienes de consumo a un ritmo más rápido del que distribuye ingresos al consumidor. El Crédito Social propone cubrir esa brecha mediante la creación de un volumen suficiente de dinero libre de deuda de tal forma que el “excedente de producción”, es decir, la producción para la cual no se está distribuyendo automáticamente ningún ingreso al consumidor, pueda ser comprada sin tener que acudir, como actualmente ocurre, a la contracción de nuevas deudas (ya sea por parte de los gobiernos, de los negocios, o de los consumidores) para la obtención de un adicional poder adquisitivo para el consumo (entre otros paliativos). Se trata simplemente de una cuestión de monetizar, si se prefiere así, la producción adicional. Si existe un cierto volumen de bienes y servicios unidos a sus respectivos precios, pero el dinero para adquirirlos no existe (a consecuencia de un error de contabilidad, aún todavía en gran parte no reconocido, en el sistema financiero existente), entonces debería inmediatamente crearse y emitirse directamente a los consumidores el crédito necesario para llevar la representación monetaria de la realidad a su completa concordancia con la realidad. El Dividendo Nacional contribuiría, de este modo, al establecimiento de un verdadero equilibrio en el flujo circular de la economía, esto es, un equilibrio que sería el fruto de un sistema financiero auto-liquidable, en donde los precios de los bienes de consumo y los ingresos del consumidor se mantendrían en un equilibrio automático. El ingreso básico, en contraposición, no hace nada por conseguir un sistema financiero auto-liquidable y puede incluso, dependiendo de cómo se financie, contribuir a la acumulación de deuda imposible de devolver.
A causa del completo contraste entre las dos propuestas, los creditistas sociales deberían tener mucho cuidado en no lanzarse al carro del ingreso básico. Por el contrario, debemos convencer a los defensores del ingreso básico de que el Dividendo Nacional proporcionará lo que ellos más desean (un cierto nivel de seguridad económica universal), a la vez que simultáneamente contribuye, en base a nuestro enorme potencial económico físico, a un más amplio y muy necesario reformateo de la vida económica en línea con el verdadero propósito de la asociación económica: la distribución de aquellos bienes y servicios que la gente puede usar en provecho de ellos mismos… con la mínima cantidad de molestias posible para todos.
Además, no seamos ingenuos. Existen poderosos intereses creados que podrían escoger que se introdujera el ingreso básico por razones propias. En caso de que fallara el ingreso básico (porque pasa a ser una carga financieramente demasiado gravosa, o porque mucha gente deja de trabajar, etc…), eso se podría utilizar para desacreditar al verdadero Crédito Social: “Ellos ya intentaron eso y no funcionó”. Aún cuando pudiera mantenerse a largo plazo bajo los actuales métodos financieros, el ingreso básico probablemente tendería a mitigar la insatisfacción del vulgo con el actual sistema, permitiendo así un mayor afianzamiento de ese sistema y quizás haciendo imposible su eliminación (mientras que al mismo tiempo posiblemente incremente el dominio que los poderes financieros ejercen sobre la sociedad a través del aumento en los impuestos y/o en las deudas públicas). Desde esta perspectiva, el ingreso básico podría ser visto como unas pocas migajas que los monopolistas del crédito lanzan a la gente para así poder seguir manteniéndolos a raya tanto a ellos como a cualquier cambio radical y substancial. La propuesta de un ingreso básico podría, pues, calificarse (al igual que la economía Keynesiana anterior a ella) como un intento de tratar de cooptar al Crédito Social, reelaborando desviadamente uno de los mecanismos terapéuticos clave de Douglas, poniéndolo al servicio del actual “Monopolio del Crédito”.